Caja de Compensación Familiar

¿Qué intereses queremos favorecer?

Por Adriana Guillen (*)

El mayor aporte efectuado por el sector privado en favor de los trabajadores formales que perdieron sus empleos con ocasión de esta crisis, se sitúa hoy en el auxilio al desempleo que otorgan las Cajas de Compensación, gracias a los aportes que reciben, en su gran mayoría, del sector empresarial. De los empresarios colombianos.

Se trata de una suma de 674 mil millones, más de medio billón de pesos, sin aporte alguno del erario. Nadie puede dudar que en momentos tan críticos asegurar niveles mínimos de ingreso debe ser la prioridad. Otro ejemplo del efecto multiplicador y progresivo del Sistema radica en los subsidios de vivienda que se entregan a la población trabajadora, y que corresponden al 70% del total de los otorgados en el país. Se trata de 1.1 billones de los cuales se benefician en promedio 60.000 familias por año. Esta suma circula a través del mercado financiero, estimula la construcción y de manera indirecta la generación de empleo. Son muchos los ejemplos que como estos podrían traerse a colación para demostrar la escala e impacto de la compensación familiar.

El punto es: un modelo de “clubs privados” como el que recientemente se ha propuesto para reemplazar este aporte, según el cual cada empresa reparta unos pocos beneficios a sus trabajadores de acuerdo con sus capacidades, no haría otra cosa que acentuar la ya larga lista de desigualdades. No es un secreto que un alto porcentaje de nuestras unidades productivas son MiPYMES y que las empresas que eventualmente puedan financiar estos clubs, aún si quisieran alcanzar un mínimo porcentaje de los actuales beneficios por cada uno de sus trabajadores, tendrían que hacer una inversión comparativamente más elevada que el valor que hoy asumen por vía de sus aportes al Sistema.

A estas alturas, es importante recordar un asunto que se ha dejado deliberadamente de lado, este aporte no es sólo un parafiscal. Es, ante todo, una prestación social que goza de protección constitucional, de la cual son titulares todos los trabajadores formales, en especial 7.5 millones de colombianos que ganan menos de 1.5 salarios mínimos y que corren el riesgo de devolverse a niveles de pobreza.

La compensación, en este caso, permite que el porcentaje que se paga por salarios altos beneficie a trabajadores que perciben salarios bajos. Es allí donde radica su elemento diferenciador con la responsabilidad social, cuyo impacto y radio de acción se encuentra limitado en función de la capacidad de cada empresa.

Al final, si como algunos lo han manifestado con insistencia, se requiere hoy más que nunca de mecanismos de redistribución del ingreso con el fin de reducir brechas sociales y estimular el ingreso, resulta contradictorio que algunas voces se atrincheren para pedir su reemplazo o desaparición. Y en todo caso, que lo hagan en un momento en que esta clase media trabajadora es muchísmo más vulnerable. Es cierto que muchas fórmulas propuestas persiguen la sincera pretensión de ser justas, pero también que en la mayoría de los casos fallan en los resultados.

Hay algo claro y ahora más que nunca: no es momento de sacrificar un Sistema que por 65 años ha mostrado sólo ventajas. No hay cabildeo que resista tanto tiempo sin que exista un valor agregado e intrínseco en el modelo. Este se defiende por sí mismo y a través de la voz de 22 millones de personas beneficiarias. De 22 millones de colombianos.

En estos momentos como diría el exministro Juan Carlos Echeverry se necesita una cuota de Keynesianismo. Me han dicho que la economía siempre estará permeada de ideologías que, como dije, pretenden ser objetivas, pero que en todo caso persiguen satisfacer intereses. Y, perdonarán la pregunta, ¿Qué intereses queremos favorecer?

(*) Presidenta de Asocajas
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